Garantías del Crédito y Ineficacia del Contrato: Guía Completa

LECCIÓN 8

3) Garantía y protección del crédito

La principal garantía con la que cuenta el acreedor para asegurarse de que su derecho de crédito se verá realizado, aun en el caso de que el deudor no cumpla voluntariamente, es la responsabilidad patrimonial universal de éste: el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Esta garantía puede no ser suficiente, ya que es posible que el deudor llegue a encontrarse, por diferentes razones, en una situación de insolvencia que impida al acreedor dirigirse contra sus bienes.

3.1. Cláusula penal

Es una cláusula añadida por voluntad de las partes a ciertos contratos en virtud de la cual el deudor se compromete a satisfacer una prestación, generalmente pecuniaria, a favor del acreedor o de un tercero, en caso de incumplimiento de su obligación. A esa prestación se le denomina «pena convencional».

Funciones: cumulativa, facultativa o «de arrepentimiento» y sustitutiva.

3.2. Las arras

Consisten en una cantidad de dinero que una de las partes entrega a la otra en el momento de celebrar el contrato; en la práctica se les suele denominar «señal».

Funciones:

• Arras confirmatorias: sirven para garantizar la seriedad del compromiso adquirido por una de las partes mediante la entrega inicial de una cantidad que se considera como anticipo del precio.
• Arras de desistimiento o «penitenciales»: permiten a cada una de las partes liberarse del contrato mediante la pérdida de las arras entregadas o su devolución duplicada.
• Arras penales: cuando se pactan, la parte que incumpla perderá las arras entregadas o deberá devolverlas duplicadas.

3.3. La excepción de contrato no cumplido

En las obligaciones sinalagmáticas, cuando una de las partes demanda a la otra el cumplimiento, sin cumplir u ofrecer simultáneamente el cumplimiento de su propia obligación, el demandado puede oponerse a la reclamación mediante el ejercicio de esta excepción, que no extingue el derecho del demandante, sino que sólo lo neutraliza temporalmente.

3.4. El derecho de retención

Es la facultad que tiene el acreedor de retener en su poder una cosa que pertenece al deudor mientras éste no cumpla su obligación.

3.5. La acción subrogatoria

La ley permite al acreedor ejercitar los derechos y acciones que su deudor tenga frente a terceros cuando la pasividad de aquél le impida cobrar su propio crédito, mediante el ejercicio de la llamada «acción subrogatoria». Se trata de una acción de carácter subsidiario, ya que sólo cabe recurrir a ella cuando el acreedor no tenga otro modo de cobrar lo que se le debe. Cuando se ejercitan por esta vía los derechos del deudor, los bienes obtenidos ingresan en el patrimonio de éste y quedan expuestos a la acción de todos sus acreedores.

3.6. La acción revocatoria o pauliana

A través de esta acción, la ley permite al acreedor rescindir los actos y contratos que haya podido realizar el deudor en fraude de los derechos de aquéllos. Se trata también de una acción subsidiaria, que sólo se puede ejercitar cuando el acreedor no tenga otra forma de cobrar.

Para que la acción sea acogida, el acreedor debe probar que entre el deudor y el tercero hubo un acuerdo fraudulento. La acción está sometida a un plazo de caducidad de cuatro años desde la enajenación. Si la acción es acogida, el acreedor podrá dirigirse contra los bienes enajenados de forma fraudulenta para cobrar su crédito, pese a no estar ya en el patrimonio del deudor, y siempre que no hayan pasado a estar en poder de un tercero de buena fe.

3.7. La acción directa

En ciertos casos especiales, la ley permite al acreedor dirigirse contra el deudor de su deudor para cobrar su crédito. La acción directa sólo se da cuando la ley expresamente lo establece.

LECCIÓN 9

7) Ineficacia del contrato: invalidez e ineficacia funcional

Se habla de «invalidez» en general para designar aquellos supuestos en que un contrato es ineficaz por causas originarias y estructurales, es decir, basadas en defectos que aquejaban al contrato en el momento en que se celebró. En nuestro Derecho existen dos regímenes básicos de invalidez que se diferencian por sus causas y sus efectos:

A) Nulidad absoluta o de pleno derecho

El contrato está aquejado de nulidad absoluta en los casos de inexistencia o ilicitud de alguno de sus elementos esenciales, y también cuando el contrato infringe alguna norma imperativa o prohibitiva. Se trata, por tanto, de supuestos en los que está en juego el interés general o el orden público.

La nulidad de pleno derecho opera de forma automática o ipso iure; es decir, el contrato nulo no produce ningún efecto, sin necesidad de que la nulidad sea declarada expresamente por un Tribunal. No obstante, suele ser conveniente ejercitar la acción de nulidad con el fin de obtener una sentencia judicial en la que se declare expresamente que el contrato es nulo, evitando así cualquier posible apariencia de validez.

B) Anulabilidad o nulidad relativa

El contrato es meramente anulable en los casos de incapacidad o vicio del consentimiento de alguna de las partes. En estos casos no están en juego los intereses generales, sino sólo el interés particular del sujeto aquejado por tales circunstancias. El contrato anulable es provisionalmente válido mientras no se ejercite la acción judicial encaminada a anularlo.

Caducidad de cuatro años, y la legitimación para ejercitarla se limita a la parte que hubiera sufrido el vicio o la incapacidad.

Ineficacia funcional

Existen otros supuestos en que el contrato resulta ser ineficaz por circunstancias externas al mismo. Los regímenes más importantes de ineficacia funcional son los siguientes:

• a) Rescisión: son rescindibles aquellos contratos que, siendo válidos en sí mismos, producen un perjuicio a una de las partes o a un tercero. Son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores y los contratos onerosos en los que existe lesión para una de las partes.
• b) Resolución: son resolubles aquellos contratos sinalagmáticos que no pueden cumplir la función económica inicialmente prevista.
• c) Revocación: en ciertos negocios unilaterales, la ley permite al sujeto que realizó un acto de disposición en favor de otro dar marcha atrás en su decisión, bien por su sola voluntad, o bien cuando se den ciertas causas excepcionales.